En contraste con el alto nivel de electrificación de Ciego de Ávila y con el fomento en su agricultura de modernos sistemas de riego eficiente, la provincia constituye una de las más afectadas en el país por la incidencia de delitos contra la generación eléctrica.

En las actuales circunstancias económicas que vive el país, sumada la crisis energética como una de sus más sensibles expresiones, medradores y oportunistas lucran con la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, de combustibles en emplazamientos de grupos electrógenos, así como de piezas y de partes del montaje de los parques solares fotovoltaicos.

El incremento de los valores de estos recursos en la bolsa negra, en directa proporción con la escasez de combustible e insumos, así como de la astronómica subida de los precios especulativos, constituyen una de las causas y condiciones determinantes de estos delitos.

Según dio a conocer Keilyn González Varela, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, la provincia ha sido objeto de 43 hechos delictivos que afectan a la generación eléctrica entre los años 2024 y lo que va de 2025, en tanto 32 imputados están sujetos a proceso penal.

Para que se tenga una idea: la sustracción de 6625 litros de diésel durante el año 2024 en el grupo electrógeno de Cayo Coco, pudo haber provocado la suspensión de alrededor de 10 horas del servicio eléctrico en más de tres hoteles del polo turístico Jardines del Rey.

La población tampoco escapa al daño de este tipo de delito, pues al sustraerse el aceite dieléctrico de un transformador, por ejemplo, numerosas familias de una comunidad urbana o rural hubiesen sufrido de prolongados apagones, dada la escasez de este equipamiento una vez colapsado.

En lo que va de año, en el montaje del parque solar fotovoltaico Ciego-Norte fue sustraído un número significativo de tornillos, arandelas y tuercas, lo cual hubiese incapacitado lograr la capacidad de generar al sistema eléctrico unos 21 Megawatt, una vez concluida la obra.

La Fiscalía tiene tolerancia cero con este tipo de delito —concluyó María Victoria Sifonte Ayup, fiscal jefa provincial— desde la sanción a solicitar, como desde la sanción a imponer, incluida la medida de prisión provisional, partiendo siempre del sabotaje y del cohecho.

De ahí la asunción de una política penal severa, basada en el principio de tolerancia cero, y la implementación de una campaña de prevención, cuyo principal gestor es la Fiscalía Provincial, unida al Partido y a la Empresa Eléctrica, en estrecho vínculo con las fuerzas del Ministerio del Interior y con las organizaciones políticas y de masas en cada comunidad.