Amanece des­pejado el clima laboral. Una brisa refresca la jornada. Al final de la tarde se acalora el ambiente. “Sali­da antes de tiempo, abandono de la guardia ¡hay que tomar medidas!”, exclama quien acaba de llegar al puesto de vigilancia, en una de las grandes industrias del municipio de Ciro Redondo, en la provincia de Ciego de Ávila.

Allí, como en otros centros, muchos tropiezan con la misma piedra, pero pocos hablan de evi­tar los traspiés. “Todo bien”, suelen expresar los agentes de seguridad y protección (ASP), acostumbra­dos a trabajar en algunos lugares sin garita, baño sanitario y demás condiciones indispensables para proteger también la salud.

Un caso ejemplarizante

Cerca de la posición 3 de la bioeléc­trica, perteneciente a la empresa mixta Biopower S. A., encuentra Oneida Vega Santo a Fidel Hernán­dez Castellanos, quien, dispuesto a efectuar el relevo, recibe el equipo de comunicación walkie-talkie, y afirma: “Todo en orden”.

En cambio, Yamilia Brito Cas­tellanos, jefa de objetivo, estima que algo anda mal y no tarda en notificar una indisciplina en el servicio de guardia de la planta energética. Tampoco demora en registrar el incidente la adminis­tración de la unidad empresarial de base (UEB) de Seguridad y Protección (Seproc) en Morón, la cual brinda este tipo de servicio al mencionado municipio.

Y veloz llega la sentencia: el órgano de justicia laboral (OJL) de Seproc ratifica la medida ad­ministrativa de descuento del 25 % del salario básico mensual y acuer­da establecer la etapa de rehabili­tación durante un año, al dar por hecho que Vega Santo abandona la posición a las seis y treinta de la tarde, 10 minutos antes de la hora establecida.

¡Orden en la sala!

Oneida apela. El abogado que la representa considera severa la sanción aplicada por la dirección administrativa. El caso arriba a proceso judicial, durante el cual la trabajadora no cuenta con el acompañamiento del sindicato, no obstante el diseño de la CTC de un sistema de trabajo para la atención y seguimiento a cada queja.

Durante las comprobaciones y en la audiencia, el Tribunal Muni­cipal Popular (TMP) de Morón se demostró que la agente de seguri­dad no abandona el puesto de tra­bajo, sino que entrega el walkie-talkie en posición contigua a su objetivo de guardia, sin ocurrir in­cidente que afectara la imagen de la bioeléctrica ni la misión social de la UEB.

Incluso, “el expediente de la trabajadora no contiene correc­ciones ni evaluaciones deficientes. De haberse amonestado se hubie­se alcanzado el fin reeducativo, no es justo haberla privado de un porcentaje de su salario”, refleja el dictamen del TMP.

Por tanto, se decide: Revocar el acuerdo del OJL, acoger la de­manda de Oneida Vega, aplicarle a ella amonestación pública “con derecho a la reparación de daños y perjuicios sufridos”, refleja el do­cumento.

Por fin, la justicia desata la ma­deja enredada desde diciembre del año 2023. “Cuando me quejé por­que no pude descansar como estaba planificado el 31 de diciembre y el primero de enero pasados, empecé a enfrentar un conflicto laboral”, afirma Oneida y enseña las tirillas de papel que conserva como evi­dencia de las guardias asignadas, más nocturnas que diurnas, des­pués de sus reclamaciones.

En realidad, el caso queda in­concluso. La trabajadora argu­menta: “Después de la sentencia del Tribunal me devolvieron solo quinientos y pico de pesos corres­pondientes a la multa del 25 % del salario, tal parece que sigo sin derecho al pago por resultados de diciembre, enero y mayo, y a las utilidades del primer trimestre del presente año.

“Cuando le pregunté a la compa­ñera de Recursos Humanos me dijo: ‘no siga quejándose, el Tribunal lo que hizo fue cambiarle la medida, usted continúa sancionada…’, ¿hasta cuándo?”.

Es cierto, la trabajadora sigue castigada. Tras concluir sus vaca­ciones, la ubican en la unidad po­livalente del hospital de la ciudad de Morón (ella vive en el municipio de Ciro Redondo), en la etapa más tensa de la transportación de pa­sajeros.

Sentencia número 11 del 2024 en mano, Trabajadores indaga por qué si la indisciplina ocurre en la bioeléctrica hace ocho meses, la san­cionada no puede reincorporarse a ese centro y asumir la amonestación pública sin aplicarse aún, sin em­bargo perdura tal incumplimiento de Seproc.

Guillermo Alfaro Rodríguez, di­rector de la UEB, considera que “así evito un problema entre la agente y la jefa de objetivo al reencontrar­se en el puesto de trabajo, estoy ac­tuando consecuentemente”, y ¿hu­manamente se procede?

La desobediencia versus la ley

No es regla el litigio en cuestión. Sí deviene tema recurrente el trata­miento a las quejas, denuncias y re­clamaciones de los trabajadores en los debates del actual proceso del 22 Congreso de la CTC.

En las Conferencias Municipales sale a relucir que se convierte en una tendencia de las administraciones la aplicación de medidas disciplinarias excesivas sin los fundamentos lega­les que las sustenten ante los OJL y los TMP.

El problema peina canas. Por ejemplo, el informe al cónclave sin­dical en el año 2019 corrobora que no está resuelto el principal objeti­vo para la atención relacionado con la solución o respuesta con claridad y celeridad que merece cada caso, y ejemplifica: el promedio de reclama­ciones atendidas por año rebasa las 30 mil, en el período 2014-2018; las más reiteradas son las de mejor de­recho y de contenido económico; en el 61% de estas los OJL ratificaron la decisión administrativa inicial.

De vuelta al hecho de la injusti­cia laboral es evidente que el TMP de Morón dicta sentencia el 24 de mayo del 2024. Queda inconclusa para obediencia la actitud de la di­rección de la UEB Seproc, violatoria de la ley que protege y aboga por un ambiente laboral justo, inclusi­vo y respetuoso.

Desprotección

“No lo autorizo a grabar ni puedo mostrarle documentos, anote lo necesario”, así co­mienza el diálogo Guillermo Alfaro Rodríguez, director de la UEB Seproc en el avileño municipio de Morón.

“Que por qué hay éxodo masivo de custodios en el mu­nicipio de Ciro Redondo, pues por diferentes causas. El pa­sado año ocurrieron 81 bajas y hoy tenemos personal nuestro solo en la bioeléctrica.

“Cerramos las posicio­nes de forma temporal de las demás entidades por falta de garitas, iluminación y baños; impagos del servicio prestado; solicitudes de baja por enfer­medad, mejoría de salario y otros motivos”.

Grupos de vigilancia se constituyeron en más de 10 centros en inconformidad con los servicios de Seproc, según expresaron sus directivos. En tanto, se evidenció que varias de las entidades que les retiraron el personal cuen­tan con las condiciones nece­sarias para la seguridad y pro­tección.