Una sanción conjunta de entre 20 y 30 años de privación de libertad por los delitos de tráfico internacional de drogas, atentado, portación y tenencia ilegal de armas, entre otros, fue la petición fiscal para los imputados en el proceso de narcotráfico que se realizó en el tribunal provincial de Santiago de Cuba, informó hoy el Noticiero Nacional de Televisión en su emisión estelar, citado por el diario Granma.
La actuación del sistema ministerial de prevención y enfrentamiento junto a la participación del pueblo cubano, lograron detener a los narcotraficantes, incluyendo a su organizador, que pretendían desarrollar la operación en las costas del municipio Guamá del territorio oriental.
El Teniente Coronel Abraham Estonile Río, jefe del departamento de narcotráfico internacional, puntualizó para la TV cubana que la persona implicada tenía establecida una cadena delictiva con base en Jamaica y una contraparte en Cuba que aseguraba la comercialización de la droga introducida al país por la vía marítima.
Mediante un plan ministerial se logró atrapar a los imputados en plena actividad delictiva, y se ocuparon 300 libras de marihuana, una suma amplia de dinero, teléfonos móviles, armas de fuego, lanchas rápidas y otros objetos para vulnerar el sistema de enfrentamiento.
Las investigaciones demostraron que el principal acusado no solo quería introducir la droga en Cuba en esta ocasión, sino crear una base de apoyo y volver a ejecutar acciones similares con drogas sintéticas y cocaína.
Sin embargo, para estos casos el Estado cubano posee una política jurídico penal severa. Al respecto, Carlos Martín García, fiscal provincial del departamento de procesos penales de Santiago de Cuba, manifestó que el Código Penal prevé sanciones que oscilan entre los cuatro y 30 años de privación de libertad, sanción perpetua o muerte.
“En el caso del tráfico internacional de drogas existen sanciones que oscilan entre los 10 y 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o la muerte”, puntualizó.