Que desde el primero de enero los 168 municipios cubanos cuenten con su presupuesto para el 2023 y también con el Plan de la Economía, es un paso bien alentador porque casi nunca los habían tenido en tan temprana fecha y menos aún aprobados –y discutidos- por las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP).

Esta facultad concedida a los órganos locales rompe con el viejo esquema de que los proyectos los aprobara el Consejo de la Administración a ese nivel y lo elevaran a los Ministerios de Finanzas y Precios y de Economía y Planificación, en aras de su aprobación final, por lo cual ahora los delegados de circunscripción –incluso desde los Consejos Populares-, analizaron los montos financieros y los objetivos del año.

La preparación de estos representantes del pueblo, muchos de ellos elegidos por primera vez, resulta vital habida cuenta de que en sus manos o decisiones está -en gran medida- el éxito de la ejecución de la Ley del Presupuesto del Estado aprobado en diciembre por el Parlamento, pero que hace unos días concretaron a las necesidades y potencialidades de sus respectivos territorios.

Ante los diputados, Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, alertó que para el 2023 se mantienen las restricciones que impone el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense, el incremento de la inflación global expresado en los costos de las materias primas, insumos y productos importados, unido a la limitada capacidad para generar mayores ofertas de bienes y servicios que permitan la recuperación del equilibrio monetario.

En medio de tan hostil escenario, son premisas fundamentales –y así lo acordó la Asamblea Nacional– la reducción del déficit fiscal y el respaldo a servicios básicos como la educación, la salud pública, la cultura, el deporte, la seguridad y asistencia social; además de la atención a la población vulnerable y el desarrollo territorial.

En la última semana de 2022, en la primera sesión ordinaria del XVIII mandato, cada Asamblea Municipal del Poder Popular definió dónde concentrar los recursos financieros, qué programas priorizar, cómo concebir la atención a los más necesitados, el uso de la contribución territorial y de qué captar mayores ingresos y recaudación con vistas a dar cobertura a los gastos de primer orden.

Por tanto, ese presupuesto debe estar en correspondencia con el Plan de la Economía y la Estrategia de Desarrollo Territorial.

Como órgano superior del poder del Estado a nivel local, además de aprobarlos, a la Asamblea corresponde controlar su ejecución, exigir al Consejo de Administración por su correcta ejecución y conocer en qué medida se generan los ingresos. Todo ello supone supervisarlos desde las Comisiones Permanentes, en los recorridos y contactos de los delegados con la población y las entidades.

Entonces habrá que velar porque las empresas y los restantes actores económicos incrementen los niveles de producción de bienes y servicios, por ser lo que genera más riquezas, de las que una gran parte de los montos monetarios precisamente se destina al presupuesto municipal, a la solución de muchos problemas acumulados.

También la exigencia hacia el cumplimiento de la disciplina tributaria será prioridad en el calendario ya en curso por lo cual, independientemente del papel que le corresponde a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), resulta necesario dar seguimiento a las cadenas de impagos que tanto afectan la economía.

Pero a su vez las AMPP deberán trazarse como reto el uso más eficiente de los gastos corrientes en el sector presupuestado, que se cumpla lo orientado en cuanto a la entrega de subsidios a personas naturales para acciones constructivas en sus viviendas y que los recursos provenientes de las recaudaciones de la Contribución Territorial se destinen al desarrollo local.

Como bien señaló Rafael Ernesto Licea, presidente de ese órgano en la Isla de la Juventud, la población y los delegados deben ganar en cultura económica para, desde las localidades, lograr efectividad en el control popular.

De manera que con un presupuesto, plan de la economía y plan de desarrollo territorial ya en mano, aprobado y ajustado a las necesidades y potencialidades de cada lugar, solo resta trabajar por su ejecución eficiente, con enfoque integral y sin perder la brújula de justicia social.