Dice la sabiduría popular que, «a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga». Mas, en el caso de Venezuela, podría agregarse: Washington se lo envidia.

¿Cómo puede esa nación sudamericana devolver algo que siempre le ha pertenecido, que la naturaleza le dio? Fue esa la pregunta que muchos se hicieron, tras las declaraciones del Presidente estadounidense en las que  amenazaba al Gobierno bolivariano si no le devolvía el petróleo y los activos que, según sus palabras, le «robó».

Al respecto, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, significó en x que, expertos de la ONU condenaron la agresión de EE. UU. contra Venezuela. En ese sentido, manifestó que «el Gobierno de EE. UU. debería escuchar a la comunidad internacional, aunque es bien conocido su doble rasero e irrespeto por el multilateralismo, la diplomacia y el diálogo entre iguales».

Lo que evidentemente no tuvo en cuenta el inquilino del Despacho Oval al proferir tales aberraciones fue que, quien saqueó a ese país fue el Gobierno de EE. UU., con ayuda de la ultraderecha venezolana.

Tal es el caso de Citgo Petroleum Corporation, que fuera la mayor filial de PDVSA (Petróleos de Venezuela, s.a.) en el exterior, y cuya entrega –«en bandeja de plata» al fondo buitre Elliot Investment Management– se concretó a finales del pasado noviembre, como parte de la subasta con predios en la concesión de Juan Guaidó, en su interinato en 2019, del control de activos del patrimonio venezolano a EE. UU.

Luego, desde la nación norteña se orquestó un ataque cibernético a PDVSA, con el que se pretendía –y no se pudo– detener su operatividad. Más tarde se ordenó un bloqueo naval, que limitara la entrada y salida de «los petroleros sancionados», y fueron capturados dos buques de petróleo venezolano en el mar Caribe, lo cual provocó, en uno de esos casos, la desaparición forzosa de su tripulación.

Esto ocurre paralelo a la escalada en la agresión militar directa, que desde agosto pasado sostiene la Casa Blanca, en una supuesta lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, su falaz discurso «pacifista» es historia pasada. El propio Trump confesó a la prensa que se quedaría con el petróleo incautado.  «Lo vamos a conservar. Quizá lo vendamos, quizá lo usemos en las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos», afirmó. No faltaron, en sus palabras, las ya habituales amenazas al presidente Nicolás Maduro: «Puede hacer lo que quiera (…) si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerse el duro».

Se trata, sin duda, de la política de forzar concesiones bajo presión, que forma parte de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, y cuyos basamentos se sostienen en una actualizada Doctrina Monroe.

A esas maniobras de intimidación –sin precedente en el área– se suma que, dentro de las más de mil medidas coercitivas unilaterales con las que cierra Venezuela este 2025, algunas de las más crueles se enfocan en el daño económico.

En medio de ese contexto, el Parlamento venezolano anunció, el pasado martes, la aprobación unánime de la Ley para Garantizar las Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales.

Esta disposición establece, en su artículo 13 que, «toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras, será sancionada con prisión de 15 a 20 años y, como pena accesoria, la imposición de multas».

Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseveró: «Este pueblo de Venezuela, con parsimonia, con decencia, con dignidad, va a responder a todas las agresiones y va a vencer, no tengan duda de eso».

SAQUEO NEOCOLONIAL. LA SAGA 

La industria petrolera, se sabe, es la principal actividad económica de Venezuela. Afectarla acarrearía malestares en todos los sectores de la vida de la población, y serviría para demostrar la supuesta incapacidad del Estado bolivariano para conducir los caminos de la tierra de Bolívar y Chávez, lo cual, se ha dicho, es una de las formas por las que pretenden provocar un «cambio de régimen» en ese país.

No obstante, la jugada parece no salirles muy bien a los modernos piratas. A pesar de las acciones de saqueo neocolonial que reeditan en la región, y al margen de todo marco legal internacional, Venezuela registra un crecimiento económico de 18 meses consecutivos, en el cual  los hidrocarburos juegan un papel estratégico.

De acuerdo con el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, esa empresa estatal alcanzó la cifra de 1 200 000 barriles diarios, prevista para la etapa. Y se encamina al incremento de la producción para 2026, en el marco del Plan de Independencia Productiva.

La realidad de los hechos habla por sí sola. La coerción económica y militar, que hoy pugna por hacer añicos a la Revolución Bolivariana, forma parte de una agresión multiforme que busca, lejos de combatir el narcotráfico, asirse de ese pretexto para alcanzar objetivos mayores.

Venezuela cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo. Estados Unidos consume alrededor de 20,6 millones de barriles por día. Las cuentas no son difíciles de sacar. La expropiación parece venir adherida a la política exterior del imperio como condición sine qua non. Su supervivencia depende de ello.