El proceso judicial contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso entró en cuenta regresiva desde esta semana que concluye hoy en el país andino.

Con el alegato de defensa del abogado de Lasso concluyó este miércoles en el parlamento la fase de audiencias del proceso de juicio político contra el mandatario, acusado de peculado.

El encargado de defender al jefe del Ejecutivo fue Edgar Neira, quien negó la existencia de pruebas para enjuiciar políticamente a su representado por las irregularidades en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la compañía Amazonas Tankers.

Antes, los asambleístas solicitantes del juicio político habían presentado sus argumentos basados en el delito de peculado ante esa mesa parlamentaria.

Para los legisladores interpelantes el convenio entre Flopec y Amazona Tankers es la base del enjuiciamiento a Lasso por aparentemente saber de las anomalías y no hacer nada para detenerlas a pesar de ser lesivo para el país.

Así este viernes Fiscalización inició el análisis de las pruebas y ahora esa mesa legislativa tiene como fecha límite hasta el próximo domingo 7 de mayo para elaborar un informe con los argumentos jurídico-técnicos que sustenten el llamado a juicio político contra el Mandatario o el archivo de la causa.

De acuerdo con el cronograma del proceso, se estima que la sesión, debate y votación del documento en el Parlamento tengan lugar del 15 al 20 de mayo como fecha máxima para resolver el pedido de censura y destitución en contra del Primer Mandatario.

Independientemente de la determinación de Fiscalización, la última palabra la tiene el pleno de la Asamblea, donde son necesarios 92 votos de los 137 miembros para sacar a Lasso del poder.

En medio de ese escenario, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) en la nación sudamericana, declaró al terrorismo como una amenaza que será enfrentada de manera firme en medio de la creciente ola de violencia en Ecuador.

El Cosepe también determinó que el presidente Guillermo Lasso emita un decreto ejecutivo con medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales contra el crimen organizado.

La declaratoria, permitirá a las Fuerzas Armadas iniciar operaciones militares contra las bandas narcodelictivas que operan en el país andino.

Ecuador sufre una ola de violencia sin precedentes que el Gobierno atribuye a organizaciones delictivas asociadas al tráfico de drogas y a la respuesta de esos grupos a las acciones para enfrentarlas.