La alianza Pueblo Unido por la Vida de Panamá se declaró hoy en alerta máxima ante los incumplimientos del Gobierno en complicidad con los grandes empresarios para resolver viejos problemas que aquejan a la población.
En el comunicado del grupo, uno de los protagonistas de cierres viales y paro general en julio pasado contra el alto costo de la vida, se señala que luego de 40 días de conversaciones en la central provincia de Coclé, el Ejecutivo da por terminado el intercambio y opta por trancar la mesa llevando el diálogo a un punto crítico.
En ese sentido, el colectivo alertó que la actual tranquilidad generada por el movimiento popular desde finales de julio está lejos de ser una muestra de desmovilización.
El conflicto latente puede volver a agudizarse, en la medida en que la mesa de diálogo se tranque, las calles también serán trancadas, para abrir los nuevos escenarios de lucha, indica el texto.
En la declaración también se señala que el responsable principal de los problemas que aquejan a los panameños es el modelo económico neoliberal, sostenido con distorsiones en el mercado, de los monopolios y los oligopolios, así como la evasión fiscal que genera exorbitantes márgenes de ganancia para los empresarios.
En ese sentido, la alianza llamó a sumar fuerzas para defender lo logrado y crear las condiciones de organización, unidad, fortaleza, conciencia y lucha para convocar una Asamblea Constituyente Originaria que transforme al país y acabe con la injusticia social, la voracidad empresarial y la podredumbre de las instituciones.
Después de 40 días de pláticas, precisa el texto, las partes arribaron a acuerdos que procuran brindar un alivio a la grave situación, para luego enfrentar en un escenario más amplio que son los problemas estructurales, verdaderas causas de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Las agrupaciones diversas que integran la alianza afirmaron que han hecho todo lo posible por rescatar las pláticas y de esa manera generar un clima propicio para un diálogo que permita resolver en lo inmediato las necesidades urgentes y que enfrente en una segunda etapa .
La víspera, uno de los voceros de esa alianza, Saúl Méndez, condenó la tozudez del Ejecutivo de aceptar el debate del punto ocho, el más importante de la agenda sobre los problemas estructurales de la pobreza y la desigualdad.
Méndez precisó que lo que si ha quedado demostrado en estas pláticas es la falta de voluntad del Gobierno para atacar los intereses de los gamonales, unos 115 millonarios que dominan al país.
Además recordó que nadie debe dudar de que los sindicatos, como el de los constructores, que encabeza, volverían a utilizar medidas de presión, entre ellas cierres callejeros y bloqueos en reclamo de sus más legítimos derechos.