El plazo fue establecido por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, quien conduce varias causas que involucran al exmandatario, entre ellas los procesos vinculados a la intentona golpista del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

La defensa de Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario, insiste en que el exgobernante no violó ninguna de las restricciones judiciales, al tiempo que acusa a la Policía Federal de promover una indagación con fines políticos para debilitar su figura pública y electiva.

El exjefe de Estado enfrenta múltiples frentes judiciales que incluyen la presunta falsificación de certificados de vacunación de la Covid-19, la apropiación irregular de joyas recibidas como obsequios oficiales y su responsabilidad en los ataques a las instituciones democráticas.

De Moraes impuso a Bolsonaro, entre otras medidas, la prohibición de usar redes sociales para difundir mensajes que pudieran incitar a la desestabilización política, así como la obligación de permanecer en el país y comparecer ante la Justicia cuando sea convocado.

El incumplimiento de esas disposiciones podría agravar la situación procesal del excapitán del Ejército, que ya se encuentra inhabilitado políticamente hasta 2030 tras una decisión del Tribunal Superior Electoral, motivada por el uso indebido de la estructura estatal en beneficio electoral.

Los fiscales deberán ahora evaluar si los elementos aportados por la defensa son suficientes para descartar la acusación de desacato o si, por el contrario, corresponde avanzar hacia una nueva imputación en contra de Bolsonaro.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva observa el desarrollo del caso con cautela, consciente de que un endurecimiento judicial contra el exparacaidista podría servir de combustible para su narrativa de persecución política.

Analistas consideran que la decisión que adopte la Fiscalía General este lunes será un indicador clave sobre la profundidad y el rumbo de las investigaciones, además de su impacto en la estabilidad democrática brasileña.

El Supremo, con De Moraes al frente de la instrucción, defiende que las medidas cautelares buscan preservar el orden público y garantizar que el expresidente responda ante la Justicia sin entorpecer el curso de las investigaciones.

Bolsonaro, en tanto, continúa negando cualquier responsabilidad en los hechos del 8 de enero, cuando miles de sus seguidores invadieron y destruyeron las sedes de los Tres Poderes en Brasilia.