Los pagos electrónicos son una modalidad obligatoria tanto en establecimientos estatales como en los privados, así lo establece la Resolución 93 del MINCIN desde el año 2023.

Existen comercios que violan esta disposición y no solo niegan al cliente los pagos por las vías electrónicas, sino que además aplican un porcentaje adicional sobre los precios, lo cual es ilegal.

Los consumidores pueden exigir en los puntos de ventas estatales y privados que sus compras se realicen mediante pago por canales electrónicos.

El objetivo es garantizar que la población disponga de medios de pago seguros y servicios bancarios asequibles; este es un derecho inviolable.