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La dignidad humana como eje de una nueva ley sanitaria

Con la finalidad de actualizar el marco legal de la Salud pública en Cuba frente a los retos económicos y sociodemográficos que enfrenta el país, fue publicada en la edición número 9 de la Gaceta Oficial de la República, la Ley 165 de Salud Pública.

Este nuevo decreto que ampara el ejercicio del derecho a la salud de las personas y su influencia en el desarrollo de la sociedad, fue publicado junto a la Resolución 145, Procedimiento de la Comisión Nacional de Ética, y el Decreto 133, Reglamento de la Ley, los cuales entrarán en vigor pasados 90 días de su publicación.

SOBRE LAS NUEVAS IMPLEMENTACIONES

De acuerdo con Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera del Ministerio de Salud Pública (Minsap), en esta normativa se introducen servicios que el sistema de Salud ya había implementado con resultados satisfactorios, pero que no tenían un respaldo legal en la antigua ley.

Entre ellos se destacan la intersectorialidad, el programa del médico y la enfermera de la familia y el servicio vinculado a la reproducción humana asistida.

Por otra parte, Cruz Hernández puntualizó que esta normativa establece la interrelación entre los sistemas de atención, la continuidad en la atención al paciente, y se brindan servicios de mejor calidad, dependiendo de la complejidad de las patologías.

La norma comprende acciones de prevención, atención, recuperación y rehabilitación de los pacientes. Para ello resalta la participación de la familia, de la comunidad y de las estructuras del Estado relacionadas con el Sistema de Salud.

Adquieren también respaldo jurídico en la legislación los Consejos de Salud, los que contribuyen a mejorar el estado sanitario mediante un trabajo comunitario e integral, siempre con asesoría técnica del Minsap.

De igual manera, esta ley refuerza la responsabilidad del sector en la detección de enfermedades transmisibles desde el momento en que algún profesional tenga contacto con una persona portadora de ellas.

Asimismo, se dedica atención especial a la salud en ambientes donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo, como en centros laborales y escuelas. Además, robustece las acciones para un envejecimiento saludable y consagra el derecho al consentimiento informado de los pacientes.

Otro aspecto que se reconoce es el derecho a una muerte digna, mediante determinaciones –de entre un conjunto de opciones–para decidir respecto a los cuidados para el final de la vida en el ámbito de la salud.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Sobre la transformación digital, acorde a los pilares de gobierno, se introducen componentes relevantes como la historia clínica digital, la telemedicina y la teleconsulta.

Al decir de Dagmara Cejas Bernet, directora jurídica del Minsap, la teleconsulta mejorará la accesibilidad a los servicios de la población, la calidad y la seguridad, así como el seguimiento al paciente que, desde su área de Salud, podrá ser valorado e interconectar con sus especialistas.

SALUD AMBIENTAL

Con el fin de garantizar un ambiente sano para la población se contemplan un grupo de acciones que, junto a organismos como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y los servicios comunales, tienen la obligación de asegurar procesos inocuos o de bajos riesgos que no generen daños a la salud de la población.

De igual manera, se adopta el concepto de Una Salud, que establece el vínculo de la salud de la población, la de los animales y la tierra como algo para preservar.

SOBRE LA ÉTICA MÉDICA

La ética médica es parte intrínseca de los servicios sanitarios, y se sustenta en los valores y principios de nuestra sociedad.

En la legislación se establece que la Comisión Nacional de Ética Médica se designa por el Ministro de Salud Pública y la conforman profesionales de los centros del Sistema, para lo que se tiene en cuenta la experticia en la práctica asistencial, docente e investigativa, la correcta conducta ética mantenida en los ámbitos laboral y social, y la formación acreditada en bioética.

El Sistema, en correspondencia con lo antes dispuesto, conforma comisiones de ética médica en todos los niveles, y el titular del sector dicta las disposiciones normativas que implementan la organización y el funcionamiento de las mismas.

Lo dispuesto establece que las comisiones realizan labores educativas, tanto con el personal sanitario que allí se desempeña como con el que se encuentra en formación, respecto a los principios en que se sustenta la ética médica.

Además, asesoran en la toma de decisiones de la práctica asistencial, velan por la observancia de las normas y dictaminan sobre la presunta violación de los principios.

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS SERCVICIOS DE ATENCIÓN

La legislación designa que cada persona tiene el derecho de acceder de forma gratuita a los servicios, recibir atención sanitaria integral en las diferentes etapas de la vida, dirigida a elevar su estado de salud y bienestar; ser atendidos en instituciones seguras, por personal habilitado y con resguardo a su integridad síquica y física; disfrutar de servicios en condiciones de respeto a sus creencias y valores, equidad, libre de abusos, coerción, violencia u otra causa de discriminación; así como recibir servicios de Salud eficientes con los recursos disponibles en el Sistema, y acceder a productos médicos mediante las regulaciones y los aseguramientos previstos.

DE LA DOCENCIA

Para el subsistema de formación, la Ley 165 consolida la rectoría del Ministerio en la preparación de sus propios profesionales, técnicos y obreros calificados. Actualmente, ese capital humano se forma en 12 carreras, 22 técnicos superiores y 69 especialidades, garantizando la ubicación laboral de todos los graduados, aseguró Fidela Reyes Obediente, directora nacional de Docencia del Minsap.

Puntualizó que en la normativa se conserva la formación de estudiantes de otras nacionalidades, se establece un programa de estudio y dicta que la institución rectora es la encargada de la capacitación de todo el personal.

La nueva Ley de Salud constituye una norma integral, innovadora y humanista que coloca la dignidad en el centro de las políticas sanitarias, y busca garantizar derechos y deberes. Con su implementación se fortalece el trabajo de Salud Pública en la Isla.

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