Un documento confidencial filtrado y obtenido por el medio estadounidense Drop Site News expone la arquitectura política y de seguridad diseñada por la Administración del presidente Donald Trump para ejercer un control integral sobre la Franja de Gaza, bajo una estructura de gobierno impuesta, sin participación real del pueblo palestino.
La resolución, fechada el 22 de enero de 2026 y aún sin firma, detalla la creación del denominado “Board of Peace” («Consejo de Paz»), organismo liderado por EE.UU. que asumiría plenos poderes legislativos, ejecutivos, judiciales y financieros durante un período de “transición”, en el marco del plan de alto el fuego promovido por Washington, cuestionado por su carácter colonial.
Según el documento, el presidente Donald Trump figura como presidente del Consejo, con autoridad final sobre todas las decisiones relacionadas con Gaza, incluida la aprobación de comandantes militares de una llamada Fuerza Internacional de Estabilización y la ratificación de cada resolución.
Ninguna medida entraría en vigor sin la firma directa del mandatario estadounidense, lo que, de acuerdo con Drop Site News, configura un esquema de poder centralizado sin precedentes en la historia reciente del enclave palestino.
Por debajo del presidente se establece un Consejo Ejecutivo, facultado para “promulgar nuevas leyes o modificar o derogar las existentes”, tanto civiles como penales, reconfigurando completamente el marco jurídico de Gaza.
Entre los nueve miembros designados figuran:
El secretario de Estado, Marco Rubio
El enviado especial Steve Witkoff
El ex primer ministro británico Tony Blair
Jared Kushner, yerno de Trump
El empresario Mark Rowan
El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga
El asesor de Seguridad Nacional adjunto Robert Gabriel
La jefa de gabinete Susan Wiles
El abogado inmobiliario Martin Edelman, asesor del gobierno de Emiratos Árabes Unidos
La presencia de algunos de estos nombres no había sido anunciada previamente, señala la investigación.
Palestinos relegados a roles técnicos sin poder político
En el nivel inferior de la estructura se sitúa el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), integrado por palestinos sin capacidad de decisión, limitado a funciones técnicas bajo supervisión directa internacional.
El documento designa como Alto Representante al exdiplomático búlgaro Nickolay Mladenov, mientras que el liderazgo formal del comité recaería en Ali Shaath, exfuncionario de la Autoridad Palestina.
El exsubsecretario general de la ONU, Martin Griffiths, afirmó a Drop Site News que la estructura “no es representativa ni rinde cuentas”, y que los palestinos aparecen “en el último escalón de una pirámide de poder que los excluye”.
El texto establece que solo podrán participar en la gobernanza, reconstrucción o asistencia humanitaria aquellas personas u organizaciones que “apoyen activamente” la creación de una Gaza “desradicalizada y libre de terrorismo”.
Se excluye a cualquier actor que, según criterios del «Consejo», haya tenido vínculos directos o indirectos con Hamás u otros grupos calificados como terroristas, quedando la evaluación final sujeta a aprobación presidencial.
El «Consejo» tendría potestad para abrir y controlar cuentas bancarias, aprobar presupuestos y fondos de donantes, administrar mecanismos financieros y firmar acuerdos internacionales en nombre de Gaza.
Todas las resoluciones deberán emitirse exclusivamente en inglés y publicarse en el sitio web del «Consejo, subrayando el carácter externo del aparato administrativo.
El documento emplea de forma reiterada el término “desradicalización”, que, según el análisis de Drop Site News, funciona como un mecanismo político para excluir a amplios sectores de la sociedad palestina.
La elegibilidad para acceder a vivienda, empleo, reconstrucción y servicios básicos quedaría condicionada a la aceptación explícita del nuevo orden político y a la renuncia a cualquier forma de resistencia considerada incompatible.
Aunque el plan se ampara en la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en noviembre de 2025, el documento no aclara los mecanismos de supervisión efectiva por parte de Naciones Unidas, ni contempla el consentimiento de la población gazatí.
El texto prevé una Gaza segmentada en zonas, con control biométrico, vigilancia financiera y programas educativos orientados a normalizar relaciones con Israel, mientras las áreas no consideradas “elegibles” continuarían expuestas a operaciones militares y restricciones humanitarias.
