La primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) emitió la sentencia, pero la ejecución de las penas quedará supeditada a la resolución definitiva de los recursos que ya anticipan los defensores de los acusados.

Según la jurisprudencia brasileña, ningún penado puede ser encarcelado mientras existan recursos pendientes.

Esto significa que, pese a la sanción, Bolsonaro y los demás acusados deberán esperar a que se agoten todas las apelaciones antes de cumplir sus penas.

Seis de los ocho implicados en el supuesto golpe son miembros de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el Estatuto Militar, los condenados castrenses no cumplen penas en prisiones civiles, sino en instalaciones especiales destinadas a miembros de la institución.

Lo anterior abre la posibilidad de que Bolsonaro y sus aliados reciban reclusión en establecimientos militares, bajo condiciones diferenciadas y con un control interno específico.

Además, el excapitán del Ejército puede invocar su condición de expresidente de la República (2019-2022).

Tal prerrogativa permite solicitar medidas especiales que eviten la prisión ordinaria, como arresto domiciliario o celdas especiales, similares a las que fueron otorgadas al presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante su injusta detención en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.

La salud de Bolsonaro constituye otro factor que su defensa puede alegar para modificar la modalidad de cumplimiento de la pena.

Su staff jurídico deberá presentar informes médicos al STF, justificando la necesidad de arresto domiciliario o condiciones especiales, una estrategia que puede postergar aún más su ingreso a prisión.

Entre los militares condenados que podrían cumplir sus penas en instalaciones especiales figuran el almirante Almir Garnier, el general Augusto Heleno, el general Walter Braga Netto, el teniente coronel Mauro Cid y el general Paulo Sérgio Nogueira.

Braga Netto es un ejemplo de este régimen: detenido desde diciembre de 2024, permanece en una celda especial en la Primera División del Ejército, en Vila Militar, Río de Janeiro.

Hasta que la sentencia no sea definitiva, ninguno de los imputados ingresará efectivamente a prisión.

Analistas destacan que este escenario es común en casos de alta repercusión política y complejidad procesal.

Las apelaciones y recursos extraordinarios ante el STF pueden prolongar la ejecución de la condena por varios meses o incluso años, retrasando cualquier efecto práctico sobre los acusados.