Afirma la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores ( Minrex), difundida este jueves que el despliegue de fuerzas estadounidenses constituye «una grave amenaza y una agresiva demostración de fuerza» que atenta contra la soberanía y autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Asimismo, subraya que esta acción ignora el compromiso colectivo de los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al proclamar a la región como Zona de Paz.

Afirma que la acusación de Washington de vincular al gobierno legítimo de Venezuela y a su presidente, Nicolás Maduro Moros, con redes de tráfico ilícito de drogas carece de fundamento y responde a una estrategia de desinformación.

La declaración recuerda que ni siquiera la propia Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos incluyó al gobierno venezolano en su informe anual como facilitador del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Asimismo, el texto señala que estas acusaciones forman parte de un patrón histórico de mentiras utilizado por Estados Unidos para justificar intervenciones militares en la región. Em tal sentido, el pronunciamiento del Minrex trae a colación la invasión estadounidense a Irak en 2003, basada en la falsa afirmacion de la existencia de armas de destrucción masiva.

Ese pretexto sirvió para atacar e invadir a un país soberano, provocar la muerte de cientos de miles de sus ciudadanos y el desplazamiento forzoso de una cifra similar, recuerda la Cancillería del país antillano.

La declaración destaca un dato revelador: según el Informe Global de Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Estados Unidos es el mayor mercado de estupefacientes en la región y probablemente en el mundo. En este sentido, el texto subraya que dentro del propio país operan las mayores redes que estimulan el consumo, garantizan la distribución, facilitan el tráfico y lavan las enormes ganancias del narcotráfico, con impunidad relativa y sin un esfuerzo efectivo del gobierno para detenerlas.

Afirma la declaración que las cuantiosas sumas generadas en ese mercado ilegal incentivan la creación y expansión de redes criminales en América Latina y el Caribe. Además, critica la «vigorosa industria de armas» estadounidense y sus regulaciones laxas en la comercialización, que alimentan el poder letal de los grupos delictivos en la región.

Asimismo, el Ministerio cubano de Exteriores rechaza la utilización de los flujos migratorios irregulares como justificación para militarizar el mar Caribe. Al propio tiempo, cuestiona con firmeza que el despliegue de submarinos nucleares, buques de guerra y potencial bélico desproporcionado en una zona históricamente pacífica sea una respuesta adecuada o legítima para abordar el crimen organizado, el narcotráfico o la migración.

¿Quién con un mínimo de sentido común y honestidad puede creer que este despliegue militar masivo realmente busca combatir esos fenómenos?», se pregunta el documento, al calificar la operación como una muestra más de la renovada aplicación de la Doctrina Monroe, herramienta histórica del intervencionismo estadounidense en América.

Cuba reitera su compromiso con la lucha efectiva y transparente contra el tráfico de drogas, la defensa de la soberanía nacional y la promoción de la paz regional. Y, en línea con lo expresado por el presidente Miguel Díaz-Canel durante la XIII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP el pasado 20 de agosto, llama a los países de la región a denunciar «firmemente las nuevas demostraciones de fuerza imperialista» que amenazan la estabilidad del Caribe y América Latina.