Mientras, su Partido Justicialista (PJ) mueve piezas y debe trazar la estrategia electoral, en particular conformar las listas de candidatos, primero para las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA) que deberán integrar antes del 9 de julio y presentarlas el 19, y después para los comicios nacionales al Congreso de la Nación, fijados para el 26 de octubre.

Enfrentan el duro desafío de competir contra la alianza de La Libertad Avanza y el PRO en las elecciones del 7 de septiembre por los escaños de la Legislatura bonaerense con sede en La Plata. Sus dirigentes no tienen tiempo que perder.

El comentarista político Juan Rezzano señala que el protagonismo del diputado Máximo Kirchner, Secretario General del PJ en PBA, reavivó las especulaciones sobre su candidatura, incluso para encabezar la lista por la Tercera Sección Electoral, el lugar que iba a ocupar su mamá del cual la excluyeron.

Rezzano comenta que la dirigencia bonaerense espera se conforme una comisión con representantes de todos los espacios peronistas, como acordaron Cristina y el gobernador de PBA, Axel Kicillof, en su último encuentro para definir el armado peronista en PBA.

La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, de quien se dice está dentro del círculo cercano a la exmandataria, señaló que el gobernador tiene la responsabilidad de convocar y que espera su generosidad para incluir a todos los sectores. Máximo Kirchner dijo recién que las listas están abiertas a todos los espacios.

Se prevé que integren la comisión referentes del Movimiento Derecho al Futuro, de Kicillof, representantes de Cristina, el propio gobernador, Sergio Massa, líder del Frente Renovador y excandidato presidencial, y se reúnan la próxima semana.

En lo que la revista Política OnLine describe como hecho sin precedente en la historia judicial reciente en Argentina un grupo de cuatro abogados presentó una denuncia penal contra los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Los letrados actuando a favor de Cristina acusan al triunvirato de prevaricato y tráfico de influencias, por la serie de decisiones judiciales que –según los denunciantes– exhiben un patrón sistemático de alineamiento con los intereses del Poder Ejecutivo Nacional y grandes grupos económicos, en desmedro de la imparcialidad y la división de poderes.

Y la Casa Rosada, ahora de Javier Milei y su hermana Karina, testigo de la gigantesca movilización, ordenó despegarse de la condena a la expresidenta, informa el periódico digital La Letra P.

No tienen claro el impacto electoral, pero buscan instalar la idea de que no operaron para meter presa a Cristina, y la línea es no hablar del tema, según ese medio digital.