Nicaragua rechaza declaración y resolución emitida por EE.UU.

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Rosario Murillo, vicepresidenta de Estados Unidos, y Néstor Moncada, asesor presidencial de esa nación centroamericana /Foto PL
Nicaragua rechazó hoy de manera contundente una declaración y resolución que con carácter de orden ejecutiva emitió Estados Unidos contra la vicepresidenta de la nación centroamericana, Rosario Murillo, y el asesor presidencial Néstor Moncada.
‘Rechazamos categóricamente la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua’, expresa en una nota el gobierno de reconciliación y unidad nacional.

En el texto, Managua señala que, a nombre del legado patriótico, del patrimonio heroico y de las luchas nacionalistas, reclama con dignidad y orgullo nicaragüenses el derecho inalienable a la soberanía e independencia.

A nombre del espíritu indomable de todos los héroes y mártires, proclamamos que somos una raza invicta, que no se vende ni se rinde y exige patria libre, refiere.

Igualmente considera improcedentes, inconsecuentes, irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones que ratifican las perspectivas y prácticas imperialistas de Estados Unidos y la condición servil y abyecta de los ‘vendepatria criollos’.

Con el nombre de Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua, la Oficina estadounidense de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estableció sanciones a partir de una nueva orden ejecutiva emitida por el presidente norteamericano, Donald Trump.

A raíz de ello, cualquier propiedad de los designados por la OFAC, dentro o en tránsito de la jurisdicción de Estados Unidos, o bajo la posesión o control de un nacional estadounidense, debe ser bloqueada e informada, indicó el Departamento del Tesoro del país norteño.

Washington justificó dichas medidas con el argumento de supuestas violaciones de los derechos humanos y un presunto desmantelamiento de instituciones democráticas.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos es acusado aquí de incitar y financiar un fallido intento de golpe de Estado, con métodos que reproducen la estrategia aplicada contra la revolución bolivariana de Venezuela.

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