México: La educación no es un privilegio, sino un derecho

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El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador/Foto PL

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó a las dos semanas de asumir el mandato su anhelado programa educacional, el cual deroga la reforma que se estaba aplicando pese al rechazo y denuncias formuladas por el grueso del profesorado nacional.

Fue, junto con la promesa de erradicar la inseguridad nacional y la corrupción, una de sus grandes banderas en la larga y fatigosa campaña electoral terminada con éxito el 1 de julio cuando logró la presidencia de la República con más de 30 millones de votos y el control mayoritario de las dos cámaras del Congreso y la mayoría de las gobernaciones de los 32 estados en los que se divide el país.

López Obrador proclamó desde entonces que la educación no es un privilegio, sino un derecho de todos los mexicanos, y en consecuencia con ese criterio debe ser pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria.

De allí su planteamiento de que los esfuerzos se encaminarán a que no haya rechazados, que todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y superior tengan la oportunidad de hacerlo.

Sin embargo, tal afirmación debe tener un sustento material real y posible, y a eso responde el plan de construir en todo el país un centenar de nuevas universidades públicas que se llenarán de estudiantes de todos los estratos sociales, aunque se les concederán becas a 300 mil jóvenes de familias de escasos recursos económicos.

A esos efectos, el gobierno ya llegó a un acuerdo inicial con docentes, madres y padres de familia que serán factores decisivos en la aplicación del nuevo plan nacional de educación, y en especial en su contenido conceptual y ético.

El programa tiene oposición en particular en aquellos grupos sociales que prefieren y defienden la instrucción privada, y en quienes ven en el sector un nicho empresarial generador de ganancias, es decir, la educación como un negocio y no como una necesidad nacional.

Todavía queda un largo trecho para oficializar el programa que ya está en manos de la Cámara de Diputados, donde se requieren dos tercios de los votos para que sea aprobada y enviada al Senado.

Aunque allí no para el proceso, pues entonces el proyecto será enviado a los congresos locales o estaduales donde se necesitará el voto favorable de la mitad de esas entidades para que finalmente sea aprobado y convertido en ley del Estado.

El proyecto es de difícil aplicación por su entramada conceptual y el presupuesto que lo debe respaldar para que se pueda ejecutar tal cual se plantea en la forma y espíritu de su letra, pues en la práctica será la plataforma de construcción de un gran acuerdo educativo nacional con participación de toda la ciudadanía, incluidas las familias y los estudiantes, y en la que los maestros y maestras serán el elemento clave.

En consecuencia, entre los aspectos principales de la iniciativa, se encuentra la revaloración del magisterio donde por vez primera en su historia se reconoce al docente como agente de cambio y se garantiza su desempeño a través de un nuevo Servicio de Carrera Profesional en el gremio.

También por primera vez en el texto legal aparecen como concepto las palabras niños, niñas y jóvenes como sujetos del mayor interés del Estado en cuanto a la educación pública, y los convierte en su punto focal.

Paralelamente, a los principios tradicionales de la educación se agregan la integralidad, equidad y excelencia como elementos básicos de la instrucción pública que imparte el Estado, se consagra el de la obligatoriedad de la enseñanza superior y se establece que los docentes tienen el derecho de acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua.

La atención prioritaria a las escuelas normales e instituciones de educación superior que brindan formación docente queda en los primeros escalones de responsabilidad del Estado, y se establece también la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de valores, el civismo, la historia, la cultura, el arte, en especial la música, el deporte escolar y el respeto al medio ambiente, entre otros.

En el texto en manos de los diputados se plantea además la introducción de una visión regional que promoverá la formulación de contenidos y políticas diferenciadas. Un país pluriétnico y pluricultural como México, debe tener una política educativa diferenciada y permitir a las regiones expresarse a través del sistema educativo, indica con claridad el proyecto.

De acuerdo con los nuevos rumbos que se viven en México, el plan de educación hace hincapié en el principio de equidad bajo el argumento de que permitirá una política incluyente, cultural y étnica que incorpora énfasis en la educación indígena, bilingüe y cultural, a fin de combatir las desigualdades sociales, de género y regionales. En consonancia con ello, en las escuelas de educación básica de zonas vulneradas se respaldará a los estudiantes con acciones alimentarias.

Queda claro que el Estado asume la responsabilidad de implementar políticas como el Sistema de Becas ‘Benito Juárez’ para evitar la deserción y fomentar la permanencia, crea el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y Mejora Continua de la Educación, al que se le dota de las más altas competencias incluida la certificación de desempeño de instituciones, autoridades y actores del sector, formación escolar para directores y supervisores, realización de estudios y análisis, entre otros.

El criterio de fondo es que la educación debe reconciliar a todos los mexicanos, igualarlos, y por esa razón será incluyente y considerará siempre las diferencias regionales con una visión de nacionalidad.

En ese sentido inserta también a los sindicatos de docentes, y aunque se plantea que no deben renunciar a defender los derechos laborales de sus agremiados, sí considera que tampoco deben dejar de ser un ente rector de la educación pública aun cuando todo el trabajo se haga siempre considerando la opinión de las maestras, los maestros, padres de familia, alumnos y sociedad.

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, ejemplificó con hechos concretos la situación en que el nuevo gobierno recibe el sector al indicar que el resultado en el gremio magisterial se puede ver de manera muy tangible.

En los últimos tres años 150 mil maestras y maestros de México pidieron su prejubilación o su jubilación, mientras se dio en el último curso una caída de la matrícula en las normales públicas y privadas -también, en promedio, en todo el país-, de 23 por ciento, y en el sur más humilde de 50 por ciento.

Moctezuma dijo que ese fue un daño enorme que se le hizo a la profesión magisterial, la cual debe de ser orgullo de todo México.

 

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