Siempre ha existido la posibilidad de exigir una buena atención en cualquier establecimiento público.
Si cada ciudadano no hace valer sus propios derechos, de nada valdrá que el Estado cubano dicte decretos, leyes, orientaciones, sobre la protección al consumidor.
La posibilidad de exigir una buena atención en cualquier establecimiento público, ha existido siempre de una u otra manera.
Pero la mayoría de las veces no se han producido, por los canales pertinentes, las quejas ante maltratos recibidos en todo tipo de servicios.
Lo más común es que las personas comenten de un hecho determinado y no lo lleven al carácter de denuncia oficial; así permiten que se violen sus derechos básicos.
Si los modales con que se les atiende no son los adecuados, si falta el peso exacto en un producto adquirido, si la mercancía que compran no tiene el precio acorde con su calidad, si se les niega o limita algún servicio, hay que proceder con toda energía a denunciarlo en todas las instancias posibles y exigir la respuesta que lleva.
La pasividad general de los consumidores propicia que hechos de maltrato se propaguen como algo que se hace normal en nuestra sociedad.
Para que se haga efectivo el empeño de defender los derechos del consumidor, estos deben combatir con fuerza todo tipo de acciones que afecten la obtención de un servicio que satisfaga las necesidades de cada persona.
Es indignante el robo de los productos adquirido por peso, sobre todo los subvencionados por el Estado para que la población tenga alimentos u otros beneficios a un precio por debajo de lo adquirido en el mercado internacional, como sucede con la canasta básica o en algunos alimentos que se venden de forma liberada.
También lo es cuando permitimos que personas inescrupulosas revendan enseres y útiles de construcción o para el hogar, los cuales acaparan para eliminar su existencia en las tiendas y obligar así a los consumidores a pagarlos más caros para beneficio de la economía de estos revendedores que viven de esta actividad ilícita.
Así se puede citar una larga lista de ilegalidades que pasan por nuestros ojos cada día y que hemos dejado que se hagan normales y admisibles por no combatirlas con toda fuerza, exista o no una Ley de Protección al Consumidor.
Si ahora se legisla alguna ley al respecto, esta sólo será efectiva si la población la defiende y la utiliza para denunciar todo tipo de irregularidad y hace valer el respeto que merece cuando recibe algún servicio público.
